La Cámara de Comercio de Bogotá fue escenario del Primer Encuentro Nacional de Control Fiscal y lanzamiento del Instituto Colombiano de Control Fiscal y Responsabilidad Fiscal (ICCRF), un evento histórico que reunió a Consejeros y Ex Consejeros de Estado, Magistrados de Altas Cortes y Tribunales, a destacados representantes de la academia, así como, a la Contraloría General de la República, Contralores Territoriales, gerentes públicos nacionales y territoriales y a particulares administradores de recursos públicos.
En la apertura, Luis Enrique Abadía García, Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras de la Contraloría General de la República, destacó que el control fiscal en Colombia “es el pilar de la protección del patrimonio público y el guardián de la buena gestión de los recursos del Estado”, subrayando la importancia de *la autonomía y la articulación armónica entre la Contraloría General y las contralorías territoriales*.
El Dr. Abadía enfatizó que el fortalecimiento del control fiscal debe ser un ejercicio orientado a la ‘prevención de la pérdida de recursos públicos’, y que las facultades excepcionales de la Contraloría General ‘no deben verse como una amenaza, sino como un complemento para consolidar el sistema nacional de vigilancia de los recursos públicos.
La jornada, se desarrolló en tres paneles, en los que se suscitaron debates y surgieron propuestas concretas para continuar el fortalecimiento del control y vigilancia fiscal en Colombia, entre las que se destacan:
En el Panel 1 hizo presencia Sandra Morelli Rico, ex contralora general, Julián Ruiz, Contralor de Bogotá y promotor de la reforma al control fiscal de 2019, el ex presidente del Consejo de Estado Germán Bula y el académico Carlos Atehortúa. En este panel se reflejó la necesidad de un trabajo conjunto entre el sistema de control interno liderado por cada jefe de entidad y el control externo.
“Es necesario que las entidades públicas y los particulares que administran recursos públicos asuman el primer nivel de control fiscal y tengan herramientas concretas de prevención de daño al patrimonio público” sostuvo Sandra Avellaneda Presidenta del ICCRF.
En este sentido es fundamental trabajar en la reforma a la Ley de Control Interno (Ley 87 de 1993).
También se reconoció que las herramientas de articulación del control fiscal interno y el control externo aún no han dado los frutos que se esperaba de ellas en la reforma del 2019 (Acto Legislativo 04/19 y Decreto 403 de 2020) por lo que debe realizarse un ejercicio de feedback entre todos los actores para que existan simbiosis efectivas para proteger los recursos públicos y promover una gestión pública con mayor orientación a los resultados.
En el Panel 2, con la participación de juristas referentes en derecho público como Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta, el Consejero de Estado Juan Camilo Morales e Iván Darío Gómez Lee, reflexionó sobre los fallos con responsabilidad fiscal a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscitándose debates como si la inhabilidad derivada de un fallo con responsabilidad fiscal constituye una sanción, frente a lo cual, no hubo una posición unificada entre los panelistas.
Mientras algunos panelistas la consideran sancionatoria, otros sostienen que es simplemente la consecuencia de una deuda con el Estado por el daño causado al patrimonio público, que se extingue una vez se realiza el pago correspondiente.
Frente a la pregunta sobre si los fallos con responsabilidad fiscal pueden vulnerar la Convención Americana de Derechos Humanos cuando el responsable es un funcionario de elección popular, también se expresaron posturas divergentes. Algunos consideran que la inhabilidad afecta derechos políticos y desconoce el bloque de convencionalidad, mientras que otros defienden su validez como efecto patrimonial. Estas diferencias reflejan la necesidad de mayor claridad normativa para garantizar seguridad jurídica y armonización con los estándares internacionales, como parte de la evolución y fortalecimiento que ha tenido el control y la vigilancia fiscal en los últimos años.
El panel 3 contó con los Contralores Delegados de los sectores de Infraestructura y Educación de la CGR, con el Contralor de Cundinamarca, con el Consejero de Estado, Jorge Portocarrero, quien fue Contralor de Cali, y Manuel Restrepo director del Doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario.
En este Panel se llegó a la conclusión que las facultades de intervención y control prevalente otorgadas a la Contraloría General por el Acto Legislativo 04 de 2019 deben entenderse como una oportunidad de fortalecimiento del control a través de la articulación institucional y no como una vía de debilitamiento de las Contralorías territoriales.
Después de estas reflexiones y una ruta de desafíos planteados, el evento cerró con el reconocimiento a miembros honorarios del ICCRF, reafirmando la visión del Instituto como un espacio académico, técnico y plural para enriquecer el debate sobre la gestión pública y la responsabilidad fiscal en Colombia.
_“Que este encuentro sea el inicio de una nueva etapa de articulación, cooperación, innovación y compromiso para la protección del patrimonio público”, concluyó Abadía.