Piden más control a firmas de vigilancia que no cumplen con seguros obligatorios

Bogotá, 23 de abril de 2025 – En 2024, el 70% de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estuvieron relacionadas con el incumplimiento de requisitos legales y la falta de cobertura en seguros obligatorios.

Así lo señaló Andrea Peñaranda, CEO de P&R Seguros, quien además recordó que, en Colombia, el sector de la seguridad privada representa un aporte del 1,2% al PIB nacional, equivalente a $10,5 billones anuales, y que este rubro genera emplea a más de 450.000 personas, incluyendo vigilantes, escoltas, supervisores y operadores de medios tecnológicos, lo que convierte a este sector en uno de los pilares del empleo formal en el país.

La experta en el sector asegurador, agregó que, aunque existen regulaciones, la informalidad y la ausencia de pólizas de seguro siguen representando un riesgo latente para los usuarios de servicios de vigilancia. “Actualmente, hay cerca de 1.200 empresas de vigilancia legalmente constituidas, bajo la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia Privada, y asesoradas por compañías de seguros, no obstante, también operan empresas informales que no cuentan con seguros obligatorios, exponiendo tanto a los empleados como a los clientes a consecuencias legales y económicas severas”, dijo Peñaranda, CEO de la empresa de seguros P&R.

La experta además resaltó que, los riesgos no son menores. Las pólizas obligatorias que deben tener estas empresas incluyen seguros por accidentes laborales, salud, vida, responsabilidad civil, daños a la propiedad y responsabilidad profesional, estas coberturas protegen tanto al personal de vigilancia como a los terceros involucrados durante el cumplimiento del servicio “Vale la pena señalar que quien contrate una empresa de vigilancia que no esté certificada y no cuente con seguros obligatorios, se expone a multas de hasta $50 millones y a posibles demandas en caso de incidentes, también vale la pena recordar que, contar con seguros no solo es un requisito legal, es una garantía de respaldo para el cliente y una herramienta clave de reputación empresarial”, advirtió Andrea Peñaranda.