Por Claudia Escobar
En la medida en que el deporte ha sido una de las banderas mejor capitalizadas políticamente por este gobierno, es hora de hacer un balance de la gestión oficial en este sector.
Existen tres referentes para hacer esta evaluación: las propuestas del entonces candidato y recién nombrado presidente, la ley del Plan Nacional de Desarrollo que concretaría estas apuestas, y el mandato presidencial efectivo en el periodo 2022-2026.
Las propuestas del candidato y del recién nombrado presidente
Las ofertas del entonces candidato se encuentran en el Programa de Gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo, denominados “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
Uno y otro otorgan al deporte un lugar central en la vida nacional. Están cargados de toda suerte de ideas difusas, etéreas y románticas sobre su rol en la sociedad, y otra serie de promesas vagas e imprecisas sobre su promoción a cargo del gobierno nacional. Están construidos con un lenguaje emotivo, sensacionalista y ostentoso, carente de referentes objetivos o de metas determinadas y concretas.
En síntesis, se propone una revolución y una “movilización artística, cultural y deportiva”, bajo el entendido de que estas expresiones alimentan y potencian “la sensibilidad, la creación y la vida sana (…) la felicidad, el bienestar, el reconocimiento intercultural, la construcción de ciudadanías libres y sensibles para el crecimiento económico, la generación de empleo y la solución pacífica de conflictos”
Se concibe a los atletas como “embajadores de la paz en el mundo”, y al deporte como eje de la economía popular.
Para alcanzar este objetivo, se proyecta la creación e implementación de programas integrales, participativos e interculturales para toda la población, especialmente para niños y jóvenes, en todos los barrios y escuelas, y en todo el territorio nacional. Se propone la creación de un mapa deportivo nacional, a efectos de identificar los patrones y costumbres en cada región, y promover prácticas deportivas ancestrales.
Asimismo, se promete fortalecer la formación y la profesionalización delos atletas, y su participación en competencias de alto nivel, para que Colombia pase a ser una “potencia deportiva continental”.
En contraste con estos propósitos genéricos, no hay referencias al modelo institucional de promoción del deporte, al presupuesto destinado a este rubro, a los compromisos en términos de construcción y mantenimiento de infraestructura, al esquema de apoyo a las federaciones o a programas ya existentes, o a la articulación del ministerio con federaciones, institutos y ligas departamentales o distritales. El único propósito específico que se plantea es el aumento del número de atletas apoyados, de 447 a 517, y de beneficiarios de actividades deportivas, de 800.000 a 3.600.000.
La Ley del Plan Nacional de Desarrollo
Las promesas anteriores debían materializarse en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294 de 2023. Esta ley, sin embargo, recoge bastante poco del ideario anterior. Los artículos 117, 118, 119 y 125 de la ley se centran en asuntos operativos que, antes de comprometer al Estado en la promoción del deporte, otorgan un amplio margen de maniobra a las instancias gubernamentales para configurar la burocracia y manejar los recursos destinados a este rubro. El artículo 117 habilita al presidente para modificar a discreción la estructura y el funcionamiento del Ministerio del Deporte, y el artículo 118 crea el Fondo Cuenta de esta entidad, para que desde el gobierno central se pueda manejar con mayor libertad y laxitud el presupuesto, incluso prescindiendo de las reglas generales de contratación, y favoreciendo la contratación directa.
La gestión y sus resultados
La gestión gubernamental ha sido bastante más decepcionante que las mismas propuestas, ya de por sí pobres, ambiguas y desubicadas en cuanto a sus metas, propósitos y estrategias. Varios indicadores dan cuenta de la indiferencia, la apatía y el desprecio del gobierno con el sistema deportivo nacional.
La reducción sustantiva y sostenida del presupuesto asignado al deporte
A precios de 2026, el presupuesto asignado al deporte en los años 2012, 2015 y 2019 correspondió a 496, 844 y 867 mil millones de pesos. En 2022, último año del gobierno Duque, se destinaron 1.205 billones de pesos.
El gobierno Petro termina con un presupuesto para el año 2026 equivalente a $496.087.196, lo que significa que Colombia perdió 15 años de esfuerzo sostenido en este rubro. Con respecto al año 2022, la reducción fue cercana al 60%. Atletas de alto nivel como Rigoberto Urán, Ángel Barajas y Jeison López manifestaron públicamente su inconformidad, al igual que varias federaciones deportivas y el mismo Comité Olímpico Colombiano. Esta drástica disminución contrasta con la opulencia y los excesos del gobierno en otros ámbitos.
El marchitamiento subrepticio del Programa Atleta Excelencia (PAE)
Una vez reducido el presupuesto del deporte, programas como el Programa Atleta Excelencia (PAE) quedaron desfinanciados. En distintos medios de comunicación se alertó sobre la imposibilidad de dar continuidad al PAE y de pagar los apoyos a los atletas beneficiados con el mismo, en el segundo semestre de 2026.
La respuesta fue la Resolución 1003 de 2025 del Ministerio del Deporte. Sin decirlo expresamente, la resolución cambió las reglas del juego para reducir sustancialmente la cuantía de los beneficios otorgados a los 400 atletas apoyados en el año 2022, e, incluso, para retirar a una parte de ellos de manera intempestiva. Una forma velada de marchitar el programa por la reducción presupuestal, sin darle nombre propio a esta acción regresiva.
La normatividad, dada a conocer a los deportistas en los últimos días de diciembre de 2025, en plena temporada vacacional, introduce una serie de transformaciones a la Resolución 222 de 2017 de Coldeportes.
Entre otras cosas, se modificaron las categorías que integran el programa, haciendo que los atletas sean reubicados en aquellas que tienen apoyos financieros inferiores. Por ejemplo, se eliminó la categoría “Juvenil”, a la que correspondían 2 SMLMV; en su lugar se creó la llamada “Reserva B”, que contempla un pago de 1,5 SMLMV. Bajo esta oscura maniobra, muchos atletas quedaron reubicados en esta última categoría y vieron reducido su apoyo, destinado a la financiación de su preparación y de su participación en torneos internacionales.
Además, introduce una serie de condicionamientos a la permanencia en el programa. Entre otras cosas, se establece que la misma depende “del cumplimiento de cada uno de los criterios establecidos en la respectiva categoría y al análisis, evaluación, control y desempeño del atleta en las
competiciones”.
También se otorgan potestades discrecionales al Ministerio para mantener o excluir los atletas cada 6 meses. De modo que estos son puestos en una situación de zozobra e incertidumbre permanente, pues no sólo deben alcanzar periódicamente unos estándares inconsistentes con los recursos que les provee el sistema deportivo nacional, sino que, además, están sujetos a las valoraciones discrecionales de un organismo gubernamental que no tiene un carácter técnico.
Más grave aún es que estos criterios, establecidos a finales del 2025, se han venido aplicando de manera retroactiva, tomando como base resultados anteriores a la expedición y publicación de la resolución. Así, los mejores atletas del país quedaron sometidos a reglas del juego desconocidas para ellos mismos y, con base en ellas, han sido excluidos o recategorizados.
El resultado de todo lo anterior es que la mayor parte de atletas que hacían parte del PAE han sido notificados de su retiro del programa, o, en el mejor de los casos, de la reducción del apoyo. Así lo expuso Manuela Gómez Sánchez, quien luego de lograr la participación en los Juegos Olímpicos 2024 y ser medallista en el ciclo olímpico en canotaje, fue informada de su retiro, por no participar en un campeonato panamericano realizado en agosto de 2025. Sin embargo, en ese momento la Resolución 1003 no había sido expedida, por lo que la deportista no tenía cómo saber que debía participar en el torneo panamericano, y, en todo caso, para esa fecha se encontraba compitiendo en un torneo de mayor nivel, en el Campeonato Mundial de Canotaje realizado en Italia. Además, no recibió ninguna financiación para dicho torneo. Es la misma situación de cientos de los mejores atletas del país.
De esta manera, el único programa gubernamental que venía brindando un apoyo consistente al deporte, fue debilitado drástica y opacamente, para evitar una situación de incumplimiento generalizado en el sector debió a la reducción presupuestal. No fue sustituido por ningún otro. Al inicio del año 2022 habían más de 400 deportistas apoyados. En la Resolución 1025 de 2025 del 2 de diciembre de 2025, habían 332. En la reciente Resolución 280 de 2026 del 1 de abril de 2024, aparecen sólo 193. Las cifras hablan por sí solas.
Los incumplimientos con las federaciones
Entre los años 2010 y 2024, Coldeportes, y posteriormente el Ministerio de Deporte, robustecieron el apoyo financiero a las federaciones. Lo anterior se materializó mediante la celebración anual de convenios en los que aquellas se comprometen a financiar la formación y la participación de sus atletas en eventos deportivos de alto nivel, con los recursos entregados por las instancias gubernamentales. En general, la cuantía de estos convenios creció progresivamente hasta el año 2022.Durante el último cuatrienio, empero, este esquema también fue debilitado drásticamente. La constante ha sido la tardanza en la suscripción de los convenios, la mora en el pago por parte del Ministerio del Deporte, y, sobre todo, la reducción en la cuantía de dichos acuerdos.
Esto ocurrió incluso en el 2024, un año olímpico en el que era indispensable contar con recursos para participar en los torneos clasificatorios.
El resultado de lo anterior ha sido el endeudamiento de las federaciones, el empeoramiento de su situación financiera, la reducción de los apoyos económicos a los deportistas para sus procesos de formación y para su participación en torneos internacionales e, incluso, el desplazamiento de las responsabilidades hacia los institutos deportivos y ligas departamentales y distritales, que han tenido que suplir las falencias y vacíos del nivel nacional.
A mediados de 2025, varias federaciones denunciaron reducciones de hasta el 90% en el valor de los convenios, y retrasos superiores a un año en los pagos. Este es el caso, por ejemplo, de las federaciones de actividades subacuáticas, rugby, hapkido, baloncesto, ciclismo, natación y ecuestre, que alertaron sobre la escandalosa disminución entre el 80 y el 90% en el valor de los acuerdos, y sobre las constantes moras en los pagos. La mayoría de las federaciones, sin embargo, se han mostrado prudentes frente a los incumplimientos del Ministerio del Deporte, pues temen las inminentes retaliaciones de este organismo.
Los retrocesos en Juegos Intercolegiados y en Juegos Deportivos Nacionales
Luego de que Colombia perdiera la sede de Barranquilla para los Juegoa Panamericanos 2027 por el incumplimiento en los pagos al ente organizador, Petro prometió destinar el dinero de dicho evento “a los juegos intercolegiados del país mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud”.
Se trató, nuevamente, de un compromiso incumplido porque no solo no se hicieron las inversiones prometidas, sino que, además, se han venido debilitando, también de manera velada y subrepticia, las competencias más importantes del país: Juegos Intercolegiados y Juegos Deportivos Nacionales.
Estas competencias se han caracterizado por los retrasos significativos en el cronograma de competencias, la desinformación, las reduccionespresupuestales, y, sobre todo, por cambios velados que terminan por resquebrajar los eventos deportivos nacionales más importantes.
Un ejemplo significativo de esta situación se encuentra en la Resolución 215 de 2026 del Ministerio del Deporte, que reglamenta los Juegos Intercolegiados 2026. Tal como ha acontecido en otros años, la entidad viene excluyendo una buena parte de los deportes de la Fase Final Nacional de esta competencia, por vía de hacer una serie de exigencias inalcanzables para la mayor parte de las disciplinas. El artículo 55 establece que, para que un deporte individual pueda hacer parte de la Fase Final Nacional, las inscripciones de atletas y entrenadores debe corresponder al menos al 30% de los departamentos y al 5% de los municipios, y al 80% del promedio de inscripciones de los años 2023, 2024 y 2025; además, las inscripciones de instituciones deben corresponder al 90% del promedio a nivel nacional en estos mismos años.
Para los deportes que presentan las mayores dificultades y los mayores rezagos, se trata de estándares inalcanzables, tal como ha ocurrido históricamente con atletismo, tenis de mesa, boxeo, ciclismo BMX, ciclismo de pista, ciclismo de ruta, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, taekwondo, tenis de campo y triatlón. Es impensable que estos deportes tengan presencia en gran parte de los departamentos y municipios de país.
Así, el gobierno nacional decide excluir estos deportes de la competencia para reducir la destinación presupuestal a este rubro, por vía de imponer condicionamientos y exigencias de imposible cumplimiento. En lugar de disponer directa y expresamente su exclusión, se diseña este artificioso esquema que oculta el objetivo y los efectos de las nocivas y regresivas políticas gubernamentales.
Con ello, los potenciales ganadores de Juegos Intercolegiados pierden la oportunidad de obtener los créditos condonables previstos para esta competencia, para financiar su educación superior.
La cancelación de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027
Barranquilla perdió la sede para los Juegos Panamericanos 2027, tras los incumplimientos sistemáticos y reiterados por parte del gobierno nacional en el pago de los derechos respectivos a Panam Sports, la Organización Deportiva Panamericana. Los costos de esta decisión no fueron menores, no sólo en términos de infraestructura para la ciudad, promoción del turismo e inversión, sino también en términos deportivos, dada la pérdida de los cupos especiales que tenían los atletas colombianos en un evento de alto nivel, y la pérdida de la oportunidad de contar con nueva infraestructura deportiva.
La realización de los Juegos Panamericanos en Cali en el 1971 promovió el crecimiento y la modernización acelerada de la ciudad, a través de importantes vías y escenarios deportivos como el estadio Pascual Guerrero, el Coliseo el Pueblo, el coliseo Evangelista Mora, además de la inauguración del aeropuerto Palmaseca. Son estos escenarios los que hoy día potencian la actividad deportiva en el Valle, departamento líder en este sector.
Las pérdidas son incalculables y no han sido dimensionadas en su totalidad. Al menos tres lecciones se pueden obtener de esta revisión y este balance.
En la medida en que construir es difícil, y exige consistencia, creatividad, organización, tiempo y recursos humanos, tecnológicos y financieros, mientras que destruir es mucho fácil y se puede lograr casi de manera instantánea, los profundos y notables retrocesos de este último cuatrienio no serán fáciles de reversar. El presupuesto destinado al deporte en los últimos años difícilmente volverá a manejar los estándares alcanzados en el 2022. El debilitamiento de las competencias y programas deportivos probablemente mantendrá una dinámica inercial. Obtener la sede para torneos y competencias de alto nivel a nivel requerirá un largo proceso para recobrar la confianza. Recuperar el deporte colombiano será aún más retador que cualquier otro torneo de alto nivel. Será el próximo desafío para el país.
Como en tantos otros frentes, el deporte y los deportistas fueron instrumentalizados política y electoralmente. En su momento, fueron propuestos como ejes del programa de gobierno, fueron utilizados como parte de la propaganda electoral, y se formularon todo tipo de propuestas en promesas en su favor. Una vez alcanzado el objetivo fueron ignorados y desprotegidos, y luego se tomaron decisiones que, directa y deliberadamente, produjeron un deterioro en el sistema deportivo nacional. La lección aprendida es la necesidad de actuar con cautela en estos escenarios proclives a la instrumentalización y manipulación del deporte.Finalmente, es claro que, desde el inicio, el programa de gobierno de Gustavo Petro contenía ya bastantes alertas rojas sobre la pobreza y la superficialidad con la que se aproximó al deporte en el país. Para un ojo agudo, era una premonición sobre lo que venía: mucho ruido y pocas nueces.