Tal como se preveía, la Corte Constitucional dejó sin piso la Emergencia Económica decretada en diciembre pasado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, basado en un supuesto deterioro intempestivo de las finanzas públicas.
Esto significa que no habrá más impuesto al patrimonio y a los sectores financiero, minas e hidrocarburos, tampoco se afectará al mercado de licores y cigarrillos, a los juegos de azar, las compras de lujo y las importaciones de bajo costo, entre otros rubros, con lo que el Gobierno pretendía recaudar unos 11 billones de pesos.
Aunque los efectos de la norma habían sido suspendidos temporalmente, es decir, que el cobro de los nuevos impuestos no estaba vigente, la sola declaratoria de emergencia aumentó la incertidumbre de los inversionistas, y generó más tensión entre el Gobierno y el sector privado.
Ante el fallo de la la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciaron que presentarán en los próximos días un nuevo proyecto de reforma tributaria.
Ante esta situación, sigue creciendo la preocupación del Gobierno por el abultado déficit fiscal y la imposibilidad de reducir la brecha entre ingresos y gastos. Además, continúa aumentando el temor por la posibilidad de un incumplimiento en el pago de la deuda pública.
Como si fuera poco, la calificadora S&P acaba de bajarle nota de riesgo soberano a Colombia, y eso hace que cada vez es más costoso endeudarse, debido a la pérdida de confianza en la salud de la economía colombiana, por parte de los organismos de crédito.
En conclusión, a pesar de que los indicadores básicos de la economía, es decir, el crecimiento del PIB, la inflación y el desempleo, se mantienen en niveles manejables, el Gobierno se siente cada vez más acorralado por la falta de recursos para cubrir el elevado gasto público, con el agravante de que la única opción que le queda es reducir el gasto.