Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), los profesionales, el personal paramédico, los proveedores y los demás agentes de la cadena del sector en Colombia, están a la expectativa de la reacción del presidente Gustavo Petro, ante la decisión del Congreso de hundir la reforma a la salud presentada y defendida por su Gobierno.
De hecho, ayer, pocas horas después de la decisión tomada por los congresistas en contra de la propuesta estatal, la Superintendencia de Salud intervino la Nueva EPS, en cuya entidad hay participación de capital estatal. Se trata de la segunda EPS intervenida en solo 24 horas, pues un día antes había sido sometida a este proceso la EPS Sanitas, de capital colombo-español.
La preocupación radica en que el presidente Petro ha asegurado en distintas oportunidades, que las EPS irían rumbo a la quiebra si no se aprobaba la reforma presentada por su Gobierno, en cuyo texto se planteaba que estas instituciones debían ser convertidas en gestoras de salud.
Los temores fueron ratificados con la declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el sentido de que al Gobierno solo le queda la salida de la Constituyente para hacer efectivo el cambio propuesto por el ejecutivo.
La mayores preocupaciones han sido expresadas por los usuarios de las EPS intervenidas, por el temor a que esta medida afecte la atención de los afiliados.
Sin embargo, el Gobierno ha dicho que los servicios se seguirán prestando sin ninguna alteración, y que la intervención tiene como objetivo tomar medidas para poner en orden las finanzas de estas compañías.
Este panorama deja en alta tensión, o incluso en cuidados intensivos, al sistema de salud colombiano, ante la incertidumbre sobre las decisiones que pueda tomar el Gobierno, vía decreto, para intentar salvar parte de sus propuestas incluidas en el proyecto que hundió el Legislativo.