Análisis del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga.
El debate público anual sobre el aumento del salario mínimo está desenfocado. Nos concentramos en definir el piso legal de la remuneración, pero ignoramos el problema estructural: en Colombia, el salario mínimo se ha convertido en el techo aspiracional para la mayoría de los trabajadores.
La discusión tradicional se centra en los riesgos inmediatos: un aumento excesivo desconectado de la productividad puede destruir empleos formales y elevar barreras de entrada al mercado laboral, como respalda evidencia internacional. Sin embargo, quedarnos en este argumento es insuficiente. El problema estructural es que la economía colombiana, asfixiada por la incertidumbre, la burocracia y la inseguridad, ha perdido la capacidad de generar salarios medios altos.
En Colombia, el salario mínimo representa el 92,31% del salario mediano [1]. El salario mediano es aquel que divide a los trabajadores en dos mitades iguales: la mitad gana más y la mitad menos. Esto implica que, en el país, la mitad de los trabajadores formales percibe ingresos cercanos al mínimo o inferiores, lo que revela que la escalera de ascenso salarial está rota.
Compárese esto con Estados Unidos, donde esa relación es del 25%, o con países como España y Reino Unido, donde ronda el 53-61%. No hay progresión real: el trabajador colombiano difícilmente puede aspirar a salarios significativamente superiores porque el tejido empresarial, ahogado en costos y regulaciones, no logra generarlos.
Más revelador aún es mirar hacia aquellas naciones que han decidido no tener un salario mínimo fijado por el gobierno. Países como Dinamarca, Suiza, Noruega o Singapur no necesitan decretos estatales para garantizar buenos salarios. En estos países, el salario medio mensual ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) ronda los 6.168 USD; en Suiza, los 7.495 USD; y en Singapur, los 5.349 USD.
En contraste, Colombia, con toda su regulación, apenas alcanza un salario medio de 364 USD y un mínimo de 336 USD. La lección es clara: la riqueza de los trabajadores no se decreta por ningún gobierno; es el resultado de una economía libre, segura y competitiva que demanda talento intensivamente.
Sin embargo, políticas recientes van en dirección opuesta, encareciendo la creación de empleo formal. La reciente Reforma Laboral de 2025 (ley 2466) introduce rigideces en contratos y costos laborales, que actúan como un impuesto al trabajo, sumado a una inflación acumulada que ha erosionado el poder adquisitivo en la última década.
Los aumentos nominales del salario (10,07% en 2022; 16% en 2023; 12% en 2024 y 9,54% en 2025) han supuesto avances aparentes que, en gran medida, han sido neutralizados por la inflación (13,2% en 2022; 9,3% en 2023; 5,2 en 2024). El ciudadano gana más dinero, pero ese dinero pierde constantemente poder adquisitivo a causa de una ineficiente política fiscal y monetaria.
Para romper este ciclo, Colombia requiere un cambio de paradigma urgente que trascienda la visión antagónica entre empleadores y empleados. La única vía sostenible para elevar los ingresos es fomentar un entorno de libertad económica que dispare la demanda de trabajo. Si aspiramos a mejores salarios, necesitamos que la competencia empresarial por el talento sea tan intensa, que el salario aumente como resultado natural de la oferta y la demanda, y no como consecuencia forzada de un decreto.
Esto implica atacar las barreras estructurales que asfixian la formación de capital: un sistema tributario distorsionante y una carga regulatoria excesiva que dispara los costos de transacción. Simultáneamente, exige resolver los problemas de inseguridad en el país, cuyo impacto frena la inversión en sectores estratégicos.
En definitiva, la discusión del salario mínimo en 2025 no debería ser sobre un porcentaje. Debería ser sobre cómo desmontamos las barreras que condenan al colombiano a aspirar, como máximo, a un salario mínimo. La discusión debe dirigirse a cómo liberamos el potencial de las personas y del país.