Bogotá, 11 de abril de 2025. Aunque la discusión de la versión 2.0 de la Reforma a la Salud está a medio camino en el Congreso, ya se sienten ánimos caldeados entre el Ejecutivo y el Senado. La discusión se atiza en un entorno político complejo y pinta un ambiente desfavorable para el Gobierno. Desde la ciudadanía, la percepción es de extremos: en redes sociales predomina un tono de desconfianza hacia una propuesta que, según muchos expertos, podría tener efectos negativos sobre la calidad en la prestación del servicio de salud en Colombia. Sin embargo, en las calles, miles de simpatizantes del Gobierno han salido a manifestar su apoyo a las reformas.
Impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la reforma a la salud propone una transformación profunda del sistema actual. Su objetivo principal, según sus ponentes, es garantizar un mayor acceso, a través de un modelo público y solidario centrado en la Atención Primaria en Salud (APS), similar al antiguo Seguro Social antes de 1993, en donde las EPS se convertirían en “Gestoras de Salud y Vida”, entidades que tendrán funciones de gestión del riesgo en salud y el acompañamiento a los pacientes.
Aunque esta reforma fue aprobada el mes pasado en segundo debate por la Cámara de Representantes, en su proceso sufrió varias modificaciones. De los 62 artículos propuestos dentro del proyecto, se eliminó uno, se han aprobado 8 sin proposición y 53 con proposición, además se aprobaron 22 artículos nuevos avalados por el Gobierno. Su enfoque ha despertado una fuerte polarización en el país, dividiendo opiniones entre quienes ven en ella una oportunidad de cambio estructural y quienes temen que debilite aún más el sistema, esta última parte acentuada por las fallas que presenta el modelo implementado para administrar la salud de los docentes, que sería el piloto al proyecto que cursa en el Congreso -como ha manifestado el ejecutivo con anterioridad.
Ahora, el reto está en la Comisión Séptima del Senado, en la que fueron archivadas tanto la primera versión de la reforma a la Salud, así como la Laboral y donde hay una fuerte división entre los parlamentarios. Aunque su presidenta, Nadia Blel, ha prometido un debate abierto que incluya propuestas de congresistas y ciudadanos, seis de los catorce senadores han anticipado su rechazo. Críticas desde diferentes sectores, como las del senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), el Centro Democrático y el Partido Conservador, apuntan a posibles riesgos por la centralización de recursos y dificultades técnicas para implementar el nuevo modelo.
¿Qué dicen los colombianos sobre las reformas?
En el terreno digital, la reforma tampoco ha logrado convencer. Según un estudio de la consultora LLYC (Llorente y Cuenca) denominado Radar Colombia, en el último año se han generado más de 863.000 menciones sobre el tema en redes sociales, y la mayoría refleja una postura crítica. Los usuarios manifiesta preocupación por los efectos de un cambio tan profundo (44 %), un colapso en el sistema (2 %); además, mayor burocracia y escasez de medicamentos, situaciones que ya se han venido presentando con el cambio de enfoque que se le ha dado al sector, aún sin la aprobación de la reforma.
Si bien un grupo significativo (25%) respalda la reforma, argumentando que las EPS han estado marcadas por escándalos de corrupción y fallas estructurales, los detractores advierten que el nuevo modelo podría debilitar aún más un sistema ya frágil y en crisis.
Otra de las aristas es la posición de expertos y ex ministros quienes coinciden en que cualquier reforma debe construir sobre los avances logrados, y no retroceder. Entre sus principales advertencias están la limitada capacidad operativa de la ADRES para manejar los recursos del sistema, la falta de claridad sobre el financiamiento, y el riesgo de precarización laboral en el sector. También alertan sobre los desafíos fiscales y técnicos que podrían agravar la actual crisis de atención y desabastecimiento.
Aunque sectores afines al Gobierno ven en la reforma una oportunidad para garantizar una salud más justa y fortalecer la red pública hospitalaria, los retos políticos y sociales siguen siendo enormes. La incertidumbre sobre su aprobación final se suma a una situación sanitaria delicada, marcada por demoras en la atención y escasez de medicamentos. Lo anterior hace que, más allá de la aprobación del articulado, el Legislativo atienda las preocupaciones ciudadanas sobre burocracia, desabastecimiento, prevención y un posible colapso del Sistema.