Bogotá, 4 de abril de 2024. La Academia de la Gestión Pública (AGP) hace un llamado urgente a los gobernantes que cumplen sus primeros 100 días frente a su obligación de establecer el estado de las obras inconclusas en su jurisdicción y de tomar todas las medidas necesarias para concluirlas o en su defecto demolerlas con justificación, como lo ordena la Ley 2020 de 2020.
De acuerdo con las cifras entregadas por la Contraloría General de la República (CGR) se destacan 1.753 “elefantes blancos” y proyectos críticos en todo el país, por aproximadamente 15 billones de pesos.
Según el informe analizado por la Academia de la Gestión Pública los departamentos con mayor cantidad de recursos públicos comprometidos en obras inconclusas son: Valle del Cauca ($2,9 billones), Antioquia ($1,1 billones), Tolima ($1,03 billones), Santander ($901.000 millones) y La Guajira ($866.000 millones).
Mientras que los territorios con mayor cantidad de proyectos de este tipo son Cundinamarca (176), Valle del Cauca (165), Santander (130), Antioquia (125) y Bolívar (101).
De estos proyectos, 1.054 se encuentran categorizados como elefantes blancos u obras inconclusas, por un valor de $7.02 billones, mientras que los otros 699 proyectos fueron catalogados como proyectos críticos y su valor sería de $8.2 billones de pesos.
El mismo estudio asegura que los sectores con mayor cantidad de proyectos es el de educación con 433 proyectos; agua potable y saneamiento básico (319); vivienda (252 proyectos) y transporte con 198 proyectos.
Triángulo del mal
Sandra Avellaneda Avendaño, Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública afirma que una de las causas comunes de las inversiones inconclusas son las graves debilidades en la maduración de proyectos y en la planeación contractual, lo cual lleva a que un alto porcentaje de los contratos de infraestructura en Colombia sean sistemáticamente adicionados y prorrogados y muchos otros, terminen en elefantes blancos que son monumentos a la ineficacia y la corrupción.
Para Avellaneda los nuevos mandatarios deben tener en cuenta que esta es una obligación con su comunidad y un deber legal que, de no cumplirse, puede llevarlo a ser parte de las más de 2.500 condenas penales contra gestores públicos, de las 4.320 sanciones disciplinarias o de los más de 1.300 los fallos con responsabilidad fiscal emitidos en los últimos años. Insiste en que “la corrupción, la impunidad y las obras inconclusas son un trágico triángulo del mal que se gesta en la gestión pública”.
Obras inconclusas
De acuerdo con Sandra Avellaneda Avendaño, abogada experta en prevención de riesgos penales, fiscales y disciplinarios y Directora Nacional de la Academia de la Gestión Pública (AGP), “Las obras inconclusas son consecuencia de ineficacia, falta de gerencia pública y corrupción. Son solidariamente responsables tanto las administraciones que planearon o gestionaron de manera inadecuada el proyecto, como aquellas que se niegan a tomar medidas para finalizarlo, muchas veces, por consideraciones “políticas” o posiciones particulares que sin mayores justificaciones se ponen por encima del interés general”.
“Para hacer frente y evitar que sigan creciendo los “elefantes blancos” en nuestro país se expidió la Ley 2020 de 2020, la cual creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, que busca identificar el estado de ejecución o terminación de las obras financiadas total o parcialmente con recursos públicos, para concretar su destinación definitiva”.
El llamado que hace Avellaneda Avendaño desde la Academia de la Gestión Pública a los gobernantes que apenas inician sus mandatos es, “que el hecho de desconocer las normas no los exime de su cumplimiento; por eso es clave que se preparen para asumir el reto y que conformen equipos con conocimiento y capacidad de decir NO a cualquier tentación corrupta”.
«Los nuevos gobernantes deben saber que 4.320 servidores públicos han sido sancionados disciplinariamente en los últimos 6 años; conocer cuáles son los errores más comunes de los gestores públicos es indispensable para evitarlos”, asegura la abogada Avellaneda.
Según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia “del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% están sin captura, y el 77.15% están en indagación”.
Cabe destacar que en el informe final de la Fiscalía General de la Nación (FGN) entregado hace unos días se asegura que en el periodo comprendido entre febrero de 2020 y noviembre de 2023, se lograron avances significativos respecto de las conductas delictivas relacionadas con investigaciones de corrupción en contra de funcionarios y servidores públicos. “Entre los logros más destacados, dice el informe de la Fiscalía, se encuentra la imputación de 3.048 personas, 645 personas con medidas de aseguramiento, 2.552 escritos de acusación y 688 personas con sentencia condenatoria”. Estas actuaciones se han dado en contra de alcaldes, jueces, funcionarios de la policía nacional y el ejército, servidores públicos y funcionarios de la FGN.