Yo, Édmer Tovar, periodista económico, escribo sobre esta tema que generó polémica nacional, despojado de cualquier ideología y sin pensar en el impacto que me cause el proyecto del Gobierno. Bogotá, octubre 14 de 2023. «En este sector, la finca raíz se valoriza mucho». Eso me dijeron hace dos años las personas que tenían apartamentos para la venta en Bogotá, y que fui a visitar con la idea de comprar un inmueble. Es más, en estos días, un amigo que tiene en Neiva una pequeña finca para la venta, me repitió la frase: «En este sector, los predios se valorizan mucho». En ambos casos, los dueños presentaron la valorización como un hecho positivo. Sin embargo, cuando le hablé del proyecto de ley del Gobierno sobre actualización catastral e impuesto predial, esa misma persona expresó su rechazo a la iniciativa. Es decir, lo apoya para lo que le conviene, pero lo rechaza para lo que lo afecta. En realidad, esa es una posición incoherente, pero entendible.
En otras palabras, el proyecto del Gobierno, que desató una polémica nacional, es bueno para quien vende porque la valorización le sirve de argumento para convencer a los potenciales compradores, y de doble filo para quien compra porque, por un lado tendrá que asumir el incremento del impuesto predial, generado por la actualización del valor catastral y, por el otro, se beneficia de la valorización del bien, pues lo compra a un precio y a los pocos meses ya vale mucho más.
Sin embargo, la actualización catastral también tiene un impacto colectivo, que igualmente puede verse como positivo y negativo. Por ejemplo, cuando el avalúo sube, aumenta el recaudo del impuesto predial y los municipios pueden hacer más obras en beneficio de la comunidad. Sin embargo, desde el punto de vista negativo, el incremento del predial encarece la tierra para construir vivienda y tiene un efecto inflacionario en ese rubro.
Los anteriores ejemplos son claves para entender el tema de la actualización catastral, el cual tiene una amplia gama de perjuicios y beneficios, no solo para los propietarios y quienes planeen adquirir un predio o un bien inmueble, sino para los ciudadanos en general. Por ejemplo, a la hora de tramitar un crédito resulta favorable el hecho de que el inmueble sea de mayor valor, al presentar el bien como garantía de la deuda.
Respecto a la discusión sobre la magnitud de los incrementos, la verdad es que el proyecto del Gobierno lo que busca es ponerle un tope máximo del 300% al impuesto predial, así los avalúos hayan aumentado por encina de ese nivel. Por ejemplo, Si el valor catastral de un predio es de 100 millones de pesos y con la actualización subiera 500 millones de pesos, es decir un incremento de 400%, con las normas actuales el impuesto subiría en la misma proporción. Sin embargo, la propuesta del Gobierno es que en casos como este, el ajuste sea de máximo 300%. Eso no significa que todos los los avalúos vayan a subir 300%, sino que ese es el tope máximo.
La polémica fue generada por los sectores perjudicados con la medida, especialmente, la construcción, el cual es muy sensible para los hogares, ya que al subir el valor de la tierra se encarece la vivienda y se aleja la opción de que más personas accedan a casa propia. Adicionalmente, los analistas también advierten sobre el surgimiento de un nuevo factor inflacionario que generado por los incrementos de los costos de la construcción.
Por su parte, el Gobierno se defiende indicando que el origen del problema, es decir la desactualización catastral, no se produjo en la actual administración, sino que es un rezago acumulado durante varios de los gobiernos anteriores, que no tomaron la decisión de poner al día al país en ese tema. En otras palabras, con los avalúos catastrales pasa lo mismo que con el déficit del Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles, que los antecesores de Petro no corrigieron.
Sin embargo, los opositores argumentan que ante la alta inflación y la desaceleración económica, este no es el momento apropiado para incrementar los precios de la gasolina, como se está haciendo, y mucho menos aumentar los avalúos catastrales, y por esa vía generar un pago adicional por concepto de impuesto predial, porque que muchas familias no están en capacidad de asumir el ajuste de un solo golpe.
En conclusión, el proyecto de ley que fija en 300% el máximo de aumento del impuesto predial, es bien intencionado, pero tendrá un camino tortuoso en el Congreso de la República debido a la falta de explicación y socialización por parte del Gobierno, como ha sucedido con varias de la iniciativas que siguen ‘patinando’ en el Legislativo, tales como las reformas laboral, a la salud y las pensiones.
De acuerdo con el texto del proyecto, los siguientes son los topes propuestos:
Aumento de hasta el 50 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes que tengan un avalúo catastral menor o igual a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir, que ese avalúo sea máximo de $156.600.000.
– Aumento de hasta el 100 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes y predios que tengan un avalúo entre 135 SMMLV y 250 SMMLV. Es decir, que su avalúo vaya entre $156.600.000 y $290.000.000.
– Aumento de hasta el 150 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes y predios que tengan un avalúo catastral entre 250 SMMLV y 350 SMMLV. Es decir, precios con avalúo entre $290.000.000 y $406.000.000.
– Aumento de hasta el 200 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes y predios con avalúos entre 350 SMMLV y 500 SMMLV. Es decir, bienes con avalúo entre $406.000.000 y $580.000.000.
– Aumento de hasta el 300 % en el predial frente al año inmediatamente anterior para bienes y predios con avalúos sea superior a los 500 SMMLV. Es decir, con un avalúo superior a $580.000.000.