La entrada en vigor de esta parte de la reforma tributaria del 2022 no contribuye a frenar la inflación en Colombia. Por el contrario, desata una ola de alzas, entre justificadas y oportunistas.
Bogotá, noviembre 1 de 2023. Los consumidores colombianos y los empresarios ya sabían que desde el 1 de noviembre debían pagar y cobrar, respectivamente, 10% más por los alimentos ultraprocesados y aquellos que contienen altos niveles de azúcar.
Lo que no se imaginaban los ciudadanos, ni lo esperaban, era que la industria procesadora de alimentos y el comercio les subieran los precios entre 15 y 18% a estos productos, argumentando que como los costos aumentaron, ellos también tiene que aplicar una utilidad sobre la mayor inversión. La lógica de los negocios dice que esto es correcto, pues quien invierte tiene que recuperar no solamente el dinero que destina a la producción, sino generar una ganancia.
Desde antes de la aprobación de la reforma tributaria los empresarios advirtieron acerca de las consecuencias que esta decisión traería para los hogares colombianos, pero el Gobierno hizo caso omiso a lo planteado por el sector privado.
Lo que llama la atención es que el Gobierno lleva varios meses pidiéndole a la junta directiva del Banco de la República que baje la tasas de interés para darle un respiro a la economía, la cual se encuentra al borde de la recesión, sin importar que la inflación colombiana se mantenga en dos dígitos, nivel que en América Latina solo supera a Venezuela y Argentina.
Lo que queda claro es que pareciera que al presidente Gustavo Petro no le preocupara la inflación, fenómeno considerado como el más dañino para los hogares, ya que impacta de manera directa el bolsillo de los consumidores, y mina la capacidad de compra, especialmente de las familias de menores ingresos y los sectores populares.
No en vano, según el Dane, los rubros de mayores alzas en Colombia son los regulados por instituciones públicas, tales como servicios públicos (energía, agua y gas) y combustibles. Ahora, con el incremento de los precios de más de 300 productos alimenticios propiciado por el impuesto saludable, la lucha contra la inflación tendrá menos posibilidades de éxito.
Dejen de comer…
Con este panorama, a los consumidores solo les queda una salida: reducir el consumo, mejor dicho, dejar de comer. Desafortunadamente, esta reacción no es voluntaria sino obligatoria. Lo hacen porque plata no les alcanza para comprar el mismo volumen de artículos que adquirían antes de la entrada en vigencia del nuevo impuesto.
El problema radica en que los productos afectados por el impuesto saludable no pueden ser sustituidos por otros. No me imagino a alguien acostumbrado a tomar café con papas fritas, galletas, yuca frita o medallitas tostadas de plátano verde o maduro, reemplazando esos carbohidratos por una papa salada, un plátano asado, una yuca cocida o una cucharada de arroz.
La primera pregunta que uno se hace es: ¿si los ultraprocesados son tan dañinos, como así que cuando el consumidor paga 10% adicional se vuelven sanos. O es que el Gobierno acepta que haya alimentos de primera y segunda?
Que yo recuerde, cada vez que voy al médico me prohíben el consumo de arroz, papa, yuca y plátano en fresco, porque esos son carbohidratos que el organismo transforma en azúcar y pueden llevar a las personas a convertirse en diabéticas.
En conclusión, creo que en las actuales circunstancias, a los colombianos nos hace más daño la inflación que el consumo de alimentos ultraprocesados.