Así lo anunció el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, en el Congreso Problemas de Derecho Penal Económico, Crimen Organizado y Corrupción, de la Universidad Nacional.
El gobierno avanza en la redacción de un proyecto Ley que proteja a quienes denuncien actos de corrupción. Este documento se ha venido trabajando con el liderazgo de la Secretaría de Transparencia y la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, entre otras entidades, buscando incorporar figuras que ya existen en otras partes del mundo para proteger al denunciante y su identidad.
“Con ello se intenta rodear a la persona que cumple con su deber ciudadano de denunciar un acto de corrupción, proteger su identidad, su vida, su libertad, su trabajo, de tal manera que no vaya a sufrir ninguna represalia por haber denunciado, sino que el Estado la defienda”, manifestó el ministro.
Este proyecto de ley, que se espera sea presentado en noviembre, busca que incorporando medidas de protección robustas se intensifiquen las denuncias y se reduzcan las intimidaciones frecuentes a las que se enfrentan quienes se atreven a denunciar actos de corrupción.
Recordemos que dentro de las propuestas normativas que buscan desmontar estructuras criminales se propuso la “Ley de sometimiento”, que ha generado controversia al deducir que los victimarios tendrían mayores beneficios. Al respecto, el ministro aclaró que, “no se trata de ser condescendientes con determinada persona o grupo criminal, sino de resolver el problema de paz y tranquilidad del Estado de derecho. Para hacerlo posible hay que combinar dos cosas: (i) la actuación serena pero firme de la fuerza pública, y en eso hemos venido trabajando, y (ii) la propuesta de entrega pacífica de sometimiento a la justicia”.
Corrupción y género
La profesora Lorena Cecilia Vega Dueñas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, manifestó que en una de sus investigaciones identificó como causas de la corrupción: la falta de contrapesos políticos, la debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas y la arraigada cultura de la corrupción que hay en el país, destacando que se deben cuestionar las construcciones sociales y culturales asignadas a hombres y mujeres.
“Es importante incluir la perspectiva de género en las políticas de prevención y combate de la corrupción en Colombia. La corrupción afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, manifestándose en escenarios como la participación política y la ocupación de cargos directivos”, precisó.