Debido a la Tasa de Tributación Depurada, incorporada en la última reforma tributaria, podría ponerse en riesgo la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas colombianas.
Bogotá, octubre de 2023.- Además de haber enfrentado un año turbulento, marcado por la inflación y la desaceleración de la economía, las pymes colombianas suman una nueva preocupación, en torno a su planeación fiscal para el cierre del año 2023. La razón, deberán tener en cuenta la Tasa de tributación Depurada (TTD), una carga que les dejó la reforma tributaria del año 2022 (Ley 2277) y que las obligará a pagar un impuesto de renta mínimo del 15%, como si fueran empresas multinacionales asentadas en países de la OCDE o del G20.
Esta Tasa de Tributación Depurada, incorporada en el parágrafo 6 del artículo 10 de la Reforma tributaria es una adopción tomada del pilar 2 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), -que originalmente fue diseñado para garantizar que las multinacionales paguen al menos un nivel mínimo de impuestos en cada jurisdicción en la que operen-, hoy genera legítimas preocupaciones en los pequeños empresarios colombianos.
Según el análisis de Juan Carlos Arbeláez, vocero de Crowe Colombia, firma auditoria y de asesoramiento legal y fiscal para el sector empresarial, “El principio de equidad y progresividad, que busca que la carga tributaria se distribuya de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, se ve desafiado por la TTD pues al establecer una tasa plana del 15%, no se distingue entre empresas de diferentes tamaños o realidades económicas”.
Viabilidad en riesgo
“En este contexto, las pequeñas y medianas empresas colombianas, que constituyen el núcleo de la economía nacional, podrían verse desproporcionadamente afectadas, poniendo en riesgo su viabilidad y, por ende, el empleo y la inversión, sin olvidar, además, que estas empresas bajo ningún concepto son multinacionales y por tanto no deberían ser objeto de una medida cuyo fin, en el seno del G20 y de la OCDE fue otro muy diferente”, asegura el experto de Crowe.
Y es que, desde el principio de eficiencia tributaria, la TTD plantea retos adicionales. Su estructura compleja y detallada puede generar costos administrativos significativos, especialmente para empresas que no cuentan con amplios recursos y robustos equipos en sus áreas fiscales internas para atender sus obligaciones tributarias.
Juan Carlos Arbeláez asegura que, en este caso, el principio de certidumbre, esencial para cualquier sistema tributario, puede verse comprometido debido a las ambigüedades y excepciones inherentes al cálculo de la TTD que evidentemente ponen en franca desventaja a las pequeñas empresas.
“Ahora, aunque en el momento se encuentran instauradas demandas de inconstitucionalidad contra esta norma en particular, lo único cierto es que las empresas, sin importar su tamaño, deben analizar el impacto de esta, y ya sea desde sus propios equipos o acudiendo a terceros expertos, hacer una adecuada planeación para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales del año 2023, que tendrán lugar en el año 2024, esto a pesar de que la recaudación fiscal no debe lograrse a expensas de la equidad, la justicia y la certidumbre que toda empresa merece”, concluye el socio de Crowe Colombia.