La alcaldesa Claudia López reconoció ayer las fallas en la planeación y deficiencias en
los estudios y diseños de los contratos de obra de Bogotá.
Bogotá, 28 de septiembre de 2023. Un grupo de 25 consultores de obras públicas envió una
comunicación al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, en la
que llaman la atención sobre los procesos sancionatorios que adelanta esa entidad contra
empresas “en su mayoría, arbitrarias y, en no pocos casos, ajenas al derecho”. En la carta, se
refieren a que es insostenible ejecutar consultorías con el IDU, en procesos que se destacan por
falencias en la planeación, estructuración y estimación de tiempos y fases.
Precisamente, ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les ofreció disculpas a los ciudadanos
afectados por la demora en las obras y además reconoció que, como “el Distrito tiene un Estatuto
de Valorización muy viejo y con reglas ambiguas, le propusimos al Concejo cambiar ese Estatuto
de 1987, y le hicimos cinco modificaciones para evitar que las demoras en las obras le vuelvan a
suceder a cualquier alcalde”, indicó.
Cabe destacar que la funcionaria agregó que -a futuro- “solo se podrán contratar obras que
cuenten con estudios y diseños definitivos. Increíblemente, el Estatuto de Valorización permitía
que se hicieran cálculos de servilleta, al ojo, entonces la gente paga y las obras terminan dos años
más tarde”, con lo que la Alcaldesa aceptó la deficiencia de los estudios y diseños que
entregaban a los ejecutores de obra para lo correspondiente, causando así reprocesos gigantes
en cada obra.
Los 23 firmantes de la carta al IDU señalan que, con sus declaraciones, la Alcaldesa les da la razón
sobre los factores de fondo que sustentan el riesgo de las obras y las afectaciones a los
ciudadanos. Específicamente, se refieren a los terceros que intervienen en la ejecución de los
contratos, los cuales son necesarios para la continuidad y cumplimiento de las obligaciones
contractuales de cada uno, resaltando que sin sus pronunciamientos no se vuelve imposible el
cierre de los mismos, y su consecuente liquidación.
Así mismo, de acuerdo con los firmantes, “no es entendible que por presuntos incumplimientos
de los consultores se inicien procesos sancionatorios, y que -al mismo tiempo- con base en los
productos entregados, la entidad inicie la contratación para la ejecución de las obras sobre los
que ellos tratan”. Indican que “es doble moral” porque para mostrar ejecución se exhiben los
procesos de obras en marcha, pero al mismo tiempo se sanciona a los generadores de tales
productos; y en muchos casos también a los ejecutores de las obras que como consecuencia de
las falencias en diseños no pueden avanzar por circunstancias no atribuibles a los mismos.
Falta acompañamiento
Según la Alcaldesa de Bogotá, otro cambio relevante al Estatuto consiste en que el cobro de
valorización se haga, al menos, cuando la obra vaya en el 50% de ejecución, no antes, y así mismo
resaltó que de ahora en adelante se deberá contar con los avales y aprobaciones de las empresas
de servicios públicos.
Al respecto, los consultores destacan “las dificultades en coordinación interinstitucional, y su falta
de gestión conforme a la matriz de riesgo, lo que, sin lugar a dudas, genera una especial
apreciación”, pudiendo vislumbrar ello en la falta de gestión por parte de la entidad contratante
para con las demás entidades del sector público, repercutiendo directamente así en la correcta
ejecución de las obras.
Justamente, en la carta de los consultores se advierte que la actual situación está afectando las
oportunidades de negocio de los consultores y contratistas actuando como proponentes en la
contratación pública y/o privada, y que las decisiones sancionatorias institucionales desbordan
cualquier riesgo empresarial que pueda asumirse en la ejecución contratos con esa entidad.
En la carta al IDU, los firmantes sostienen que los esfuerzos de los consultores resultan
insuficientes para que las empresas, y en particular la Empresa de Acueducto de Bogotá y la
Secretaría de Movilidad de Bogotá, emitan sus aprobaciones o avales, haciendo imposible
obtenerlos dentro de los plazos de los contratos. Insisten en que permanentemente ha faltado
acompañamiento del IDU en estas gestiones, pues se menciona como: “Las demoras y las
dificultades en la obtención de los permisos se encuentran plasmadas como un riesgo previsible…
no obstante el IDU olvida que la asunción de dicho riesgo no está en cabeza exclusiva del
consultor, sino que es compartido”, esto de conformidad con las minutas de contratos
debidamente suscritas entre las partes.
Así mismo, las firmas consultoras sostienen que las vulneraciones al debido proceso son
evidentes en los distintos procesos y actos sancionatorios adelantados por el IDU, que se han
socializado entre quienes firman la comunicación enviada al Director del IDU. “Como respetuosos
del debido proceso, hemos procurado ejercer nuestro derecho confiando en la objetividad y en
que el análisis de los argumentos de defensa brinde claridad a la entidad sobre las situaciones
propias de cada contrato y la forma en la que se han cumplido las obligaciones”.
Sanciones a toda costa
Los empresarios indican que la conclusión a la que se ha llegado, con profunda preocupación, es
que pareciera existir una línea de acción encaminada a que dichos procesos culminen con
sanciones en firme, sin importar la realidad del contrato. Concluyen también que la entidad ha
vulnerado, en algunos casos, el derecho adecuado al ejercicio de la defensa y contradicción,
convirtiéndose en proceso exprés, con el solo objetivo de buscar el responsable del momento,
sin detenerse a revisar cuál es el trasfondo y la causa de la problemática que ha afectado a la
ciudad por más de 20 años.
Así entonces, los contratistas señalan como vulneración al derecho los siguientes puntos:
● Citación a inicio de procesos sancionatorios con términos insuficientes, en abierta
contravía con la doctrina y la jurisprudencia. Ejemplo: citan un martes para presentarse a
audiencia el viernes siguiente.
● Tasación de sanciones económicas inexistentes o totalmente desproporcionadas,
pretendiendo sancionar varias veces por un mismo hecho.
● Falta de traslado en oportunidad de pruebas, sanciones que ni siquiera se fundan desde
el inicio de la interventoría o están fundamentadas en informes deficientes.
● Aplicación de sanciones desconociendo que existe cesación de incumplimiento, y que la
entidad puede cerrar el proceso en cualquier momento.
● Negativa en el decreto de pruebas, que permita la defensa de los contratistas e
inexistencia del informe del interventor para el inicio del proceso sancionatorio.
● Se están utilizando, de manera subjetiva, informes de interventoría para endilgar
responsabilidades, pero desconocen la existencia de otros que los exoneran.
Interpretaciones personales
“Señor director: varias de las empresas que suscribimos esta comunicación llevan más de 30 años
ejerciendo ingeniería de consulta, no solo para esa entidad, sino para muchas otras a nivel
nacional, sin que jamás se hayan visto expuestas a situaciones como las que hoy se presentan con
el IDU”, indican en su carta a Diego Sánchez.
Así mismo, advierten que la preocupación no cuestiona el derecho de la entidad a aplicar las
herramientas de control. “El temor surge de que decisiones -de tanta trascendencia para el
futuro- dependen de interpretaciones personales, que están reservadas a la Ley”.
Finalmente, los contratistas le piden al director del IDU hacer un alto en el camino, para analizar
las situaciones particulares y, de esa manera, evitar que decisiones subjetivas puedan incidir en
el futuro de las empresas.