El Estado debe facturas de energía por más de 2 billones de pesos

Los hospitales, las cárceles y otras entidades públicas son los grandes morosos ante las empresas comercializadoras de energía en el país. Abusan del beneficio que tienen por Ley, de no ser objeto de corte del servicio, debido a que no pueden quedarse sin el suministro del mismo.

El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, dijo que el gremio envió una carta de 10 páginas al presidente Gustavo Petro, en la que alertan sobre el riesgo de ‘apagón financiero» de sus afiliados, si las entidades públicas de orden nacional y local, no se ponen al día con las deudas por más de dos billones de pesos por concepto de servicio de energía eléctrica.

El dirigente dijo que este problema se más notable en las instituciones públicas de la Costa Caribe, al tiempo que alertó sobre el riesgo de que el apagón de las comercializadoras, pueda generar un impacto sistémico en el sector, una situación que afecte a la totalidad de las compañías que participan en la cadena energética del país.

Informó además que, en total, la deuda del Estado con las comercializadoras de energía supera los $ 7 billones y alrededor del 50% son del Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), incluyendo todas las compañías que hacen parte de ese conglomerado.

Aclaró que las comercializadoras vienen ejecutando los planes de inversión a los que se han comprometido a través de la regulación. En declaraciones a Mañanas Blu Radio, que dirige la periodista Camila Zuluaga, el dirigente gremial afirmó que «en los tres últimos años la calidad promedio en términos de interrupción y tiempos de cortes, ha mejorado en Colombia en cerca del 50%». Dijo que algunas inversiones no se han ejecutado, pero buena parte de estos casos obedece a problemas de licencia previa y consultas ciudadanas.

Manzur pidió agilizar de manera urgente los desembolsos del crédito de Findeter que quedó habilitado para las empresas distribuidoras de energía por un billón de pesos, a fin de que las compañías puedan superar sus problemas de flujo de caja, y no ocasionar impactos significativos a los usuarios.

Por su parte, en un debate de control político en el Congreso de la República, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo que el Gobierno no permitirá un apagón financiero de las empresas comercializadoras de energía.

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