Bogotá, julio 24 de 2025, Los resultados del proyecto “Las realidades territoriales en Colombia, impactos del catastro multipropósito” también revelaron fallas en la socialización del proceso y poca participación comunitaria, cuestionando así la legitimidad del modelo en zonas rurales.
A diferencia del catastro tradicional, enfocado en el recaudo, el multipropósito permite registrar información física, jurídica y económica de los predios, especialmente en regiones marcadas por la informalidad en la tenencia de la tierra. Fue creado en 2019 mediante la Ley 1955 e incluido en la reforma rural del Acuerdo Final de Paz, y en 2023 el Plan Nacional de Desarrollo trazó nuevas metas para actualizarlo.
El estudio, desarrollado mediante un convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), estuvo liderado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y realizado entre 2023 y 2024 en 11 municipios de Antioquia, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Valle del Cauca y Guaviare.
Se enfocó en territorios con vocación agropecuaria como Palmira (Valle del Cauca); zonas PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) como La Jagua de Ibirico (Cesar) y San José del Guaviare (Guaviare); áreas ambientales estratégicas como Tausa y Sutatausa (Cundinamarca), y regiones con conflictos de uso o propiedad como Socha, Socotá, Paz del Río, Corrales, Busbanzá (Boyacá) y El Peñol (Antioquia).
Se incluyeron más de 60 encuentros comunitarios y la participación activa de líderes campesinos con trayectorias ligadas a economías familiares campesinas, muchas de ellas afectadas por el conflicto armado. El trabajo contó con el acompañamiento de 15 investigadores –estudiantes y académicos– de la UNAL Sedes Bogotá, Palmira y de La Paz, coordinados por la profesora Sairi Piñeros.
Avalúos elevados y malestar social
Uno de los efectos más críticos identificados en el estudio ha sido el aumento abrupto en el impuesto predial. En algunos casos, el cobro anual pasó de montos simbólicos a cifras de entre 5 y 20 millones de pesos, imposibles de pagar para familias que no alcanzan un salario mínimo mensual.
Según el profesor Daniel Libreros, coordinador del estudio por la UNAL, “la actualización catastral elevó el impuesto predial unificado (IPU), y con ello mejoró el recaudo municipal. Sin embargo, su impacto en inversión local fue desigual por limitaciones en planeación y gestión de las administraciones municipales”.
“Las estrategias para mitigar el impacto de este incremento fueron muy variadas: mientras algunos municipios aplicaron topes, otros acompañaron a la comunidad, y en varios no hubo mitigación, lo que generó malestar en las comunidades y rechazo frente al proceso catastral”.
Además se evidenció poca interoperabilidad de los datos, deficiencias técnicas y errores en la recolección de información, en parte por el uso de drones sin visitas al terreno, lo que derivó en avalúos inflados por estructuras mal clasificadas.
La socialización también falló: los lenguajes y canales no se adaptaron a los contextos locales, lo que afectó la comprensión y legitimidad del catastro, por lo que “es urgente fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar el uso de los recursos del IPU e incorporar a las comunidades en todas las fases del proceso”, señala el profesor Libreros.
Sobre los aumentos en el impuesto predial, el docente señala dos razones: “primera, que hace varias décadas no se hacía catastro, y segunda, que después de un largo periodo los predios cambian, y además como es multipropósito, incluye otros elementos como calidad del suelo, cercanía a sitios urbanos o de mercadeo, entre otros”.
Enfoques y derechos vulnerados
El estudio recomienda adoptar un enfoque de derechos humanos que reconozca la diversidad cultural, los modos de vida campesinos y su capacidad económica. La abogada Daniela Cardona, coinvestigadora, advierte que “el alza en el impuesto está lesionando derechos fundamentales, pues muchos no pueden cubrir ni los gastos básicos del día a día”.
Casos como el de Quipile (Cundinamarca) —con más de 4.700 predios rurales— muestran cómo adultos mayores analfabetas enfrentan cobros exagerados por errores técnicos. La veedora Hilda Lili Huertas relata que algunos cobertizos fueron clasificados como viviendas, elevando artificialmente los avalúos.
El ingeniero Cristian Camilo Pardo, del sindicato Sin Tierras, que tiene presencia en el IGAC, en el Catastro de Bogotá y en otras entidades públicas, recordó que “el catastro no otorga propiedad, pero sin él no puede haber reforma agraria. En regiones como Arauca, Catatumbo o Cauca, donde el conflicto ha limitado el acceso institucional, la información aún es inexistente”.
Como cierre, el profesor Libreros señala que “el desarrollo de estos ejercicios catastrales sirve en medio de la discusión planteada hoy en el país sobre las transformaciones en el derecho agrario, y particularmente sobre la aprobación legislativa de la jurisdicción agraria”. También alerta sobre los retos en zonas de páramo, territorios turísticos y uso de bienes baldíos.