El registrador nacional, Hernán Penagos, dejará que las altas cortes decidan si la entidad a su cargo continúa o no con los trámites para la convocatoria a la votación de la consulta popular solicitada por el presidente Gustavo Petro, la cual, según el mandatario, debería realizarse el próximo 7 de agosto.
El funcionario reconoció que la iniciativa enfrenta cuestionamientos jurídicos de fondo que deben ser resueltos por las altas cortes —el Consejo de Estado y la Corte Constitucional— antes de proceder con su organización.
El registrado aseguró que la Registraduría solicitará concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al tiempo que confirmó que la consulta costaría $750.000 millones y que por eso quiere esperar el pronunciamiento de las cortes. Además, aseguró que es «materialmente imposible hacer la consulta en dos meses» como quiere el gobierno.