Bogotá, junio 14 de 2024. La transición energética es ahora. Desde 1850, la actividad humana ha causado la emisión de más de 2.300 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2). Más del 68 % de esas emisiones provinieron del uso de energía generada por fuentes fósiles. Es por eso que los científicos advierten que, al ritmo actual de emisiones, nos quedan 28 años para limitar el incremento de la temperatura a 2 °C respecto a la era preindustrial y tan solo nueve años para limitarlo a 1,5 °C.
Comparativamente, América Latina y el Caribe contribuye poco en materia de emisiones (11 % del total global), pero es particularmente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, lo que a su vez demanda esfuerzos de adaptación y resiliencia climática. Por ello, la transición energética deberá ser justa, favorecer un crecimiento económico vigoroso e inclusivo, y contribuir al cierre de brechas de ingreso per cápita respecto al mundo desarrollado y a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Eso implica que, si bien todos los países de la región deben sumarse a los esfuerzos de disminuir las emisiones energéticas, la velocidad y las estrategias para hacerlo serán específicas a la realidad de cada país.
Estos son algunos de los hallazgos y recomendaciones del nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF titulado Energías renovadas: Transición energética justa para el desarrollo sostenible que desarrolla un análisis exhaustivo de la situación energética actual de la región, para luego focalizarse en las agendas de oferta y demanda de energía. El reporte pone énfasis en tres sectores cruciales para la demanda: el transporte, la industria y el sector residencial, y cierra con un análisis de los impactos que la transición tendrá en la macroeconomía en su conjunto, en particular sobre las finanzas públicas, el sector externo y el mercado laboral.
“Somos una región de soluciones, con capacidad para contribuir al proceso mundial de transición energética aprovechando las oportunidades que surgen para los países con reservas de minerales críticos ––como el litio, el cobre o el níquel––, para los países con reservas de gas cuyo uso durante la transición reduciría las emisiones sin abandonar inmediatamente los combustibles fósiles y para los países con potencial de producción de energías renovables en la relocalización de actividades intensivas en energía (powershoring). Con este RED, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe ratifica su compromiso de acompañar a la región mientras afronta con éxito el desafío de una transición con energías renovadas”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Las acciones por el lado de la oferta para la descarbonización propuestas en el RED son el incremento de la capacidad de generación de electricidad impulsada por una mayor participación de las fuentes renovables no convencionales y el desarrollo de combustibles de bajas emisiones como los biocombustibles o el hidrógeno de bajas emisiones. Además, durante la transición, el reporte sostiene que el gas puede jugar un rol crucial sustituyendo combustibles fósiles más contaminantes como el petróleo y el carbón. Si se sustituyera el 50 % de los usos actuales de petróleo y carbón por gas se podrían reducir en un 7 % las emisiones de la región, lo que representa casi un 65 % del total de compromisos que la región se fijó para 2030.
Desde el punto de vista de la demanda, la eficiencia y el ahorro energético constituyen además un pilar indispensable en la ruta hacia la descarbonización. En el caso del sector industrial la transición pasa por la electrificación de algunos procesos o usos que actualmente dependen de combustibles fósiles al igual que el fomento de la economía circular. En movilidad urbana, es importante el uso de transporte público sostenible (masivo y activo). En la logística urbana hay espacio para la electrificación, mientras que, en el caso de transporte de carga, la promoción de la eficiencia y el uso de combustibles alternativos son medidas que pueden ser efectivas en el corto plazo.
La transición energética impactará a las economías de la región transversalmente, con efectos en el mercado laboral, en la estructura económica y en los balances macroeconómicos. En el campo laboral implicará un desplazamiento de trabajadores desde sectores y ocupaciones tradicionales hacia empleos “verdes”, que además de tener características diferentes, en particular, demandan más habilidades y tareas más abstractas y ofrecen salarios más altos.