En Colombia, si usted va a un restaurante, bar o cafetería ya no podrá pedir un pitillo para tomarse un jugo, una gaseosa o cualquier otra bebida. Tampoco podrá solicitar un mezclador para revolver un coctel o un trago de licor.
Desde el pasado domingo 7 de julio, entró en vigencia una ley que prohíbe el uso de algunos artículos de plástico, de un solo uso, tales como pitillos y mezcladores de bebidas, bolsas, bombas de inflar que se utilizan en decoración de sitios de celebraciones y los tradicionales copitos de algodón para aseo personal.
Se trata de seis productos que hacen parte de primera tanda de artículos abolidos del mercado, con la entrada en vigencia de la Ley aprobada hace dos años en el Congreso de la República, a través de la cual quedó prohibida la producción y comercialización en el país, de 14 artículos de plástico de un solo uso. Esto significa que queda pendiente la salida de otros ocho artículos de plástico que, en este caso, desaparecerán a partir de julio de 2030.
Las multas establecidas en la Ley, las cuales serán de entre 100 y 50.000 salarios mínimos mensuales, legales vigentes, es decir entre 130 millones de pesos y 65.000 millones de pesos para quienes sean sancionados en el presente año.
La medida implica que los supermercados y el comercio en general no podrán seguir suministrando bolsas plásticas a los clientes, pues muchos de ellos habían diseñado una estrategia perversa, pues decidieron cobrarles a los clientes el uso de bolsas plásticas y ‘sacaban pecho’ diciendo que esta política tenía como objetivo desincentivar el consumo de estos productos contaminantes por parte de los compradores, cuando en realidad lo que estaban haciendo era engrosar sus ganancias vendiendo un producto que antes era gratis. Adicionalmente, esta estrategia era incoherente, pues no se entiende que una bolsa plástica contamine si se entrega de manera gratuita y no contamina si el cliente la paga.
La guerra contra el uso de artículos de plástico de un solo uso fue bien recibida por los consumidores, pero los industriales aseguran que la prohibición de estos productos deja sin empleo a unas 100.000 personas que trabajan en las fábricas de plásticos del país.